El juzgado de instrucción nº 20 de Madrid le impuso ayer 1.000 euros de multa al subdirector de El Mundo Antonio Rubio por negarse a revelar la fuente de información que le entregó un documento en el que se desvelaba la nueva identidad del confidente y testigo protegido Cartagena. Una nueva arista periodística en el enfrentamiento que mantiene la Justicia con El Mundo por las informaciones del periódico en relación al 11-M.

A mediados de este mes también se conocía que la Fiscalía de Madrid solicitaba la pena de tres años de cárcel e inhabilitación profesional durante este mismo periodo para Antonio Rubio, subdirector de El Mundo, por un supuesto delito de 'revelación y descubrimiento de secreto'. La petición se basaba en un artículo publicado por el periodista en relación a las investigaciones sobre el 11-M.

Esta vez y como cuenta El Mundo, la acusación contra Antonio Rubio se basa en su negativa a declarar quién le entregó ese documento que él mismo aportó en su defensa en el procedimiento que sigue el juzgado nº 7. La Audiencia Nacional hacía constar en ese escrito la nueva y secreta identidad del testigo protegido. El periodista jamás reveló la identidad secreta de Cartagena, pero se refirió a ese auto en sus informaciones sobre el caso. El asunto fue archivado por el titular de dicho juzgado, pero la Audiencia de Madrid le obligó a reabrir el caso y a preguntar de nuevo a Rubio sobre quien le entregó ese papel.

Para el diario de Pedrojota esta resolución de la Audiencia 'sienta un lamentable precedente ya que el artículo 20 de la Constitución reconoce al periodista el derecho de no revelar sus fuentes y que la petición de la Audiencia Nacional supone dejar 'completamente vacío el derecho a la confidencialidad de las fuentes'. En su editorial El Mundo advierte de la inconsistencia de que 'un periodista que ha investigado el 11-M y que ha aportado informaciones esclarecedoras sobre las negligencias de las Fuerzas de Seguridad acaba en el banquillo por haber hecho bien su trabajo. Y los que lo hicieron mal por acción u omisión son recompensados generosamente por el Gobierno'.

Y también advierten que no es casualidad que 'los periodistas que más han trabajado en el esclarecimiento del 11-M estén incursos en causas judiciales relacionadas con su investigación. En este contexto se inscribe la condena a Jiménez Losantos por el caso Gallardón, la prisión provisional de los policías acusados de hablar con Fernando Lázaro, finalmente absueltos, o la extraña citación de Luis del Pino ante Garzón'. 'Que el fiscal pida tres años de cárcel para Rubio o que un juez le imponga una multa por proteger a sus fuentes es una vergüenza que desacredita a nuestro sistema judicial, concluyen'.

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