El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley General Audiovisual. Esta futura Ley establece la normativa para la comunicación audiovisual y coordinará y ordenará este mercado. El proyecto ya incluye modificaciones con respecto al CEMA, en respuesta a las quejas de la CNC por asumir algunas de sus competencias, y en relación a la protección de los menores. La norma es aceptada por las televisiones comerciales, pero no por los sindicatos.

Entre los puntos más llamativos de esta nueva norma, está la prohibición de emitir pornografía en abierto con el fin de proteger a los menores, para lo que también se controlará, ya no desde la autorregulación, que los contenidos perjudiciales se emitan a partir de las 22.00 horas.  Además, ante las peticiones de Asociación de Usuarios de la Comunicación, la Ley incorpora observaciones en materia de derechos del menor, prestando atención a que las comunicaciones comerciales los respeten.

La futura Ley Audiovisual, que iniciará próximamente el trámite parlamentario, establece las normas a seguir y ordena el mercado audiovisual, así mismo regulará las nuevas modalidades que se están poniendo en marcha, como la TDT de pago, la TV en movilidad, la alta definición y la interactividad. La norma contempla además la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que tal y como denunciaba la Comisión Nacional de Competencia se metía en algunas de sus competencias. No obstante también esto se ha tenido en cuenta, por lo que el CEMA quedará subordinado a la CNC.

En general, la Ley Audiovisual nace con aceptación entre las televisiones comerciales. UTECA ha lanzado un comunicado celebrando su aprobación y las promesas cumplidas por parte del Gobierno. Pide además 'un pacto de Estado de los grupos parlamentarios más importantes para que la Ley sea la clave de arco que precisa el nuevo edificio audiovisual español'.

'Se trata de un necesario marco jurídico en un momento importante para la industria y el sector, no sólo porque estamos ya en la era digital, sino porque la época de crisis que vivimos', ha señalado la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. 'Es una ley que responde a las necesidades de futuro de un sector en cambio y evolución, pero teniendo siempre presente las necesidades y los intereses de los ciudadanos', ha apuntado.

No obstante, desde el sindicato UGT quieren promover su modificación puesto que pone en peligro, a su juicio, la pervivencia de las radios y televisiones autonómicas como empresas públicas y el mantenimiento de los más de 10.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos que ahora mismo generan. UGT dice además que no puede aceptar que este proyecto de ley se limite a derogar las vigentes leyes del Tercer Canal y del Estatuto de la Radio y la Televisión, entre otras normas, trasladando las competencias en materia audiovisual a las Comunidades Autónomas. Pide por lo tanto que se regule la financiación de las públicas de todas las comunidades al igual que se ha hecho con RTVE y que se promueva la televisión pública en las regiones en las que no hay, como Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Navarra.

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