Las Administraciones Públicas tienen un gasto equivalente al 16% del PIB de los países europeos. Por este motivo, las contrataciones públicas basadas en la RSC contribuirían al desarrollo sostenible.

Las Administraciones Públicas tienen actualmente un gasto que equivale al 16% del PIB de los países europeos. Por este motivo, las contrataciones públicas con criterios medioambientales contribuirían al desarrollo sostenible.

 

Este dato es importante teniendo en cuenta que la Administración está elaborando el Plan Nacional de Contratación Pública Verde en el que se quieren incluir directrices y pautas de contratación con requerimientos ambientales así como acciones de formación e información. El objetivo es aprobarla en octubre, coincidiendo con una Ley similar.

 

‘El ahorro en el consumo de electricidad puede suponer una reducción de 60 millones de toneladas de emisiones de CO2’, según ha afirmado en la Jornada Forética de ‘Compras Responsables’ Soledad Sanz, subdirectora general de régimen interior y patrimonio del Ministerio de Medio Ambiente. En su cargo, Sanz es la encargada de fijar los criterios medioambientales para la contratación de las empresas de servicios y obras.

 

‘En los contratos de la Administración Pública, si la empresa contratada realiza subcontratas para partes del proyecto, debe preocuparse de que las ambas cumplan estos criterios medioambientales’, aseguró la también vocal de la Comisión Interministerial para la incorporación de estos principios ecológicos.

 

La aplicación de estos criterios debe aplicarse, según ha expuesto la subdirectora, en la redacción del proyecto, en las prescripciones técnicas, en la selección del proveedor, en la adjudicación del contrato y en su misma ejecución.

 

Como también ha afirmado hoy Miguel Campo, consejero delegado de Grupo Norte, ‘las administraciones públicas tienen más difícil aplicar los criterios de RSC porque están sujetas a un marco jurídico más férreo pero también existe un miedo escénico a implantarlas. A pesar de todo, las empresas privadas vamos por detrás de las públicas’.

 

A nivel de la Unión Europea, la sensibilidad por la protección medioambiental en las administraciones públicas comenzó en el año 2000 en Lisboa. Con un primer objetivo de hacer que la economía siguiera siendo competitiva pero también sostenible, los dirigentes europeos dieron los primeros pasos para incluir criterios de este tipo en sus legislaciones. Sin embargo, no se habló de contrataciones responsables hasta 2002. Actualmente, Europa se guía por dos directivas de 2004 de reciente aplicación.