Iñaki Gabilondo realizaba a comienzos de esta semana una encendida defensa de sus dos ex compañeros en su tradicional editorial en el telediario nocturno de Cuatro. Esto se suma a la fuerte campaña de apoyo que desde El País se ha venido realizando en las últimas dos semanas, carta de Juan Luis Cebrián incluida.

Las últimas gestiones se realizaron ayer con las declaraciones de José Antonio Alonso criticando la condena que ha impuesto al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al jefe de informativos, Rodolfo Irago de una pena de un año y nueve meses de prisión, la inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodista o dirigir un medio de comunicación, una multa de 18.000 euros y una indemnización de 130.000 por revelación de secretos.

En vísperas de Nochebuena el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid falló a favor de la denuncia realizada por la presidenta local de la formación y ex alcaldesa del municipio madrileño, Pilar Martínez López (PP). La Cadena Ser publicó en su web un listado con los nombres de 78 militantes del PP afiliados irregularmente a ese partido en Villaviciosa de Odón (Madrid), todos ellos relacionados con el Tamayazo. Y los denunciantes alegaron la revelación de la identidad de estas personas, sin aparente interés informativo.

El pasado 7 de enero se conoció que la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la Audiencia de Madrid que rebaje de un año y nueve meses e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística a cinco meses la pena de prisión para Daniel Anido y Rodolfo Irago. El fiscal apunta también que los documentos publicados servían para contrastar la veracidad de la información, una información de interés público. La sentencia ha sido criticada por todas las asociaciones y organizaciones de periodistas.

Esta mañana La Ser publica que sus dos principales gestores  han recurrido la sentencia. En el escrito de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, se pide que se anule la sentencia y se dicte la libre absolución de los periodistas.

El recurso hace hincapié en que la información fue veraz, contrastada y de interés público por lo que, como han establecido el Tribunal Constitucional y el Supremo, el derecho constitucional a transmitir información prevalece en todo caso frente al pretendido derecho a la intimidad que alegaban los denunciantes, no pudiendo excluirse de esa protección, en modo alguno, a la página web de la Cadena SER.

'En el recurso, se asegura que publicar el nombre de las personas que habían participado en ese proceso de afiliaciones irregulares no puede ser considerado un delito de revelación de secretos ya que en primer lugar, la intención de la información no era en absoluto revelar la ideología de nadie sino denunciar un fraude y en segundo lugar, la lista era un documento trascendente y relevante para probar la veracidad de la propia información'. 'En el escrito de apelación, se señala además que el listado no era un documento secreto', indican.

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