El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ha impuesto al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al jefe de informativos, Rodolfo Irago una pena de un año y nueve meses de prisión, la inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodista o de director de un medio de comunicación durante ese tiempo, una multa de 18.000 euros y una indemnización de 130.000 por revelación de secretos al haber publicado en la web de la emisora un listado con los nombres de 78 militantes del PP afiliados irregularmente a ese partido en Villaviciosa de Odón (Madrid), según la denuncia a la dirección del partido por parte de la presidenta local de la formación y ex alcaldesa del municipio madrileño, Pilar Martínez López. La FAPE y la APM han emitido un comunicado condenando esta dura sentencia que opina que excluye el derecho a la libertad de información en Internet.

La información, publicada en junio de 2003, denunciaba que los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez -que dieron amparo a Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid que se negaron a votar a Rafael Simancas dando la presidencia de la Comunidad a Esperanza Aguirre- habían participado en una operación de afiliación masiva e irregular al PP. Bravo y Vázquez, además de algunos familiares, se encontraban en el listado de los 78 nuevos militantes que fue publicado en la web de la Cadena SER. Según publica el diario El País.

El magistrado reconoce en la Sentencia el interés informativo de la noticia. 'Las posibles irregularidades de afiliación, inmersas en un presunto estado de corrupción urbanística (...) era un tema que interesaba o podría interesar a la opinión pública y sobre el que la ciudadanía tenía derecho a estar informada', dice la resolución. 'No puede negarse que era un hecho noticiable (...) la existencia de ciertas afiliaciones a un determinado partido presuntamente, al menos así denunciadas precisamente por la propia alcaldesa de la localidad (...) como irregulares', añade el magistrado.

No obstante, el juez Ricardo Rodríguez mantiene 'Lo noticiable no era la afiliación de determinadas personas al citado partido revelando sus datos' sino 'la mera denuncia de irregularidades en la afiliación en la localidad de Villaviciosa de Odón'. Pero desde la cadena SER lo justifican puesto que entre las afiliaciones denunciadas se encontraban las de los empresarios Bravo y Vázquez, relacionados posteriormente con el tamayazo que arrebató la presidencia madrileña a Rafael Simancas.

Pero lo más inquietante de esta Sentencia es que no reconoce el derecho a la información en Internet 'La protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita) pero, debe matizarse, Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal' apunta el juez Rodríguez.

Desde la FAPE y la APM recuerdan que en el artículo 20 de la Constitución Española 'se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción'. Además apuntan que 'sentencias de este tipo conspiran contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y debilitan el estado de derecho y el prestigio de las instituciones'.

MediosOn, la Asociación Española de Medios de Comunicación Online, que agrupa a más de un centenar de medios online españoles, apoya la postura de la FAPE y la APM y pide una revisión de la Sentencia.

Seguiremos informando...