El pasado 16 de noviembre Soraya Sáenz de Santamaría presentaba en el Congreso una propuesta para dar libertad a las autonomías para decidir qué hacer con sus televisiones. La presentación de esta iniciativa era el colofón de la campaña de los barones del PP para poder deshacerse de sus televisiones públicas y así aligerar el peso del aparato estatal autonómico.

Lo ha dicho por activa y por pasiva Esperanza Aguirre en Madrid y María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha: las televisiones regionales serían mucho más rentables si es que estuviesen en manos privadas. No obstante, Mariano Rajoy va más allá en estos postulados y ha confesado a sus más cercanos que su idea es que en su Gobierno no exista ninguna televisión pública regional. Ni siquiera las históricas y diversidad lingüística como podría ser TV3, TVG o EiTB.

Rajoy es consciente de la sangría que significa para el Estado de las autonomías estas teles que en su mayoría son deficitarias y que su presupuesto es absolutamente desproporcionado a sus precarias audiencias. Incluso Rajoy no vería con malos ojos una reducción del tamaño de La1, cediendo algunas frecuencias y vendiendo canales que puedan significar un alivio presupuestario para la televisión Estatal.

La cruzada de Rajoy coincide en este caso con los postulados de la patronal de las teles privadas. Precisamente ayer UTECA anunció que Deloitte ya está trabajando en un documento que ofrecerá alternativas de financiación para estas televisiones. Se presentará en mayo, antes de las elecciones autonómicas 'para que sirva de debate'. La idea de UTECA es que las públicas dejen de recibir financiación mediante ingresos publicitarios, al igual que hace desde hace un año Televisión Española.

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