La información publicada por el portal economiadigital.cat refleja que Zeta ha planteado a los trabajadores de Gráficas de Prensa Diaria (GPD) una reducción de 50 empleados de los 130 que tiene la planta de impresión del grupo en Parets de Vallès y un recorte de salario no especificado, pero que iría en la línea de suprimir pagos equivalentes a un abanico entre un 5 y un 6%, según fuentes sindicales.

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De no aceptar estos recortes, la empresa ha deslizado la posibilidad de cerrar esta planta de impresión, una de las joyas de la corona de Zeta. Inaugurada en el año 2000, la planta quería convertirse en el eje de impresión de toda Cataluña, no sólo imprimiendo todas las publicaciones de Zeta, sino que además apostando por quedarse con buena parte de los medios impresos catalanes.

La plantilla celebró una Asamblea a última hora de la tarde del jueves. En ella, según fuentes de CCOO citadas por economiadigital.cat se planteó como premisa no negociar si no se retiraba cualquier alusión al cierre. De momento, no se ha realizado la presentación oficial del ERE que recortaría el 38% de la plantilla de la planta, aunque los empleados han deslizado la posibilidad de realizar movilizaciones si no se plantean alternativas y si no se presenta un plan de viabilidad de la empresa.

Hace un año el grupo Zeta realizó un ERE en todas sus empresas equivalente a más de 400 trabajadores. Estos recortes nacen de la necesidad de la empresa de reducir costes y de financiar su elevada deuda financiera, Hace dos años Joan Llopart asumió las riendas del grupo precisamente para reflotar la compañía y responder ante sus acreedores, principalmente la Caixa.

En este periodo, además del ERE han realizado fuertes recortes operativos y se han vendido negocios anexos como las emisoras a Blas Herrero, La Voz de Asturias a Público, la gestión comercial a Prisa y su 20% de 20 Minutos a Shibsted.

En marzo de 2009, el grupo Zeta firmó un crédito sindicado de 245 millones de euros con 24 entidades financieras que permitió la refinanciación de su deuda y hacer frente a los costes de reestructuración, incluido un ERE pactado en febrero de ese año. El crédito suscrito con el conjunto de estas entidades, encabezadas por el Banco Popular, La Caixa y Banco Sabadell, tiene una duración de cinco años.

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