¿Qué sucede en España? ¿Por qué estamos a la cola en accesibilidad a la información? Eso se trataba de dilucidar esta mañana en el Foro Pro Acceso celebrado hoy en la APM. Los ponentes, tres profesionales de la información y un profesor de Derecho Constitucional mostraban sus experiencias y ofrecían una visión del trabajo que realiza Coalición Pro Acceso, para promover una ley de acceso a la Información pública que cumpla con los estándares europeos e internacionales. Actualmente hay conversaciones con la Administración y desde Pro Acceso aseguran que ni siquiera los políticos españoles son conscientes de las limitaciones. ¿Por qué se limita? ¿Por qué se teme la transparencia?

Helen Darbishire, directora de Acces Info Europe, especializada en esta materia por haber diseñado la ley de Acceso en Bosnia, aseguraba que actualmente en Europa hay 42 países que cuentan con alguna legislación en este sentido. El primer país fue Suecia en 1766 que permitió el libre acceso a documentos oficiales el último fue Alemania en 2006. En estos momentos hay una recomendación por parte del Consejo de Europa para armonizar la legislación, y aunque casi todos los países tienen en cuenta estos aspectos, España aún está por detrás de ellos.

En Reino Unido, por ejemplo, cualquier ciudadano tiene oportunidad de acceder a la información pública en los sitios web de los organismos públicos. A través de enlaces, a un toque de ratón, puede conseguir los formularios de solicitud de la información que busca y en pocos días la Administración se la remite.

Entre las limitaciones españolas, observaba Darbishire, se encuentra la necesidad de justificar solicitudes de información, plazos muy largos (más de tres meses cuando en Reino Unido son 19 días para obtener una respuesta por parte de un organismo) y alcance relativo sobre qué cuestiones se pueden abordar públicamente y cuales no.

Pero este no es un problema exclusivo de los periodistas, quienes reclamamos continuamente información para desempeñar nuestra labor. La cuestión es que se trata de un derecho fundamental de los ciudadanos recogido en el Artículo 20 de nuestra Constitución, explicaba Manuel Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Se trata de poder ejercitar un derecho esencial del ciudadano: El Derecho a comunicar o recibir información.

La cuestión radica en que, aspectos como los sueldos de algunos políticos, algo tan simple como saber cuantos aviones han aterrizado hoy en Barajas, conocer qué diputados ha habido hoy en un pleno o disponer de determinadas declaraciones de cualquier miembro de los poderes públicos es una misión imposible o al menos complicada. Ello supone que en muchos casos cuando consigues averiguar lo que buscabas ya no es importante por el handicap de nuestro oficio: el tiempo.

Al final, todo se centra en la negociación. Evitar que el miedo a dar o responsabilizarse de la información-cuando nos obligan a citar ‘fuentes de' cómo emisores de la noticia-, el poder que representa para algunos funcionarios poseer los datos, etc. supone desempeñar una ‘faceta de negociador' con los interlocutores más allá de los derechos reales que debemos ejercer para acceder a ella.

En muchos casos, tal y como expresaba Soledad Gallego, periodista de El País, la negociación finaliza en la delgada línea entre el Derecho a la Información o el Derecho a la Intimad. Una línea que representa un debate mayor a la hora de legislar al respecto. Pero que en definitiva, supone que la seguridad de las personas se utilice como excusa para evitar la transparencia informativa. Y es que la periodista especificaba lo necesario de disponer de listados públicos de los datos que existen para facilitar la búsqueda. El debate que iba más allá de la concepción moral, se centraba en si esos informes, eran datos públicos, datos no públicos -jurídicos o personales- ¿Se puede publicar un listado de delincuentes cuya condena ha sido cumplida?

Al margen de lo moralmente aceptable, la necesidad de incluir listados en archivos, planteaba la necesidad de incorporar en esa nueva ley la figura del documentalista gestor de toda esa información a la que se va a tener acceso. Así como la necesidad de que una vez aprobada dicha ley, la Red fuera el contenedor de todos esos contenidos. ¿Llegará la transparencia a ser una realidad?

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