sábado, 11 de febrero de 2012
'La Opinión de Granada' consigue la máxima indemnización
redacción prnoticias

 

 

opiniondegranada

 

No todo son malas noticias en los EREs de los medios. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por extinción del diario 'La Opinión de Granada' ha concluido con un acuerdo que contempla indemnización a los trabajadores de 45 días por año trabajado. El compromiso, ratificado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ha sido suscrito por representantes del grupo Prensa Ibérica, el comité de empresa y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).

 

Después de un mes de intensas negociaciones, el acuerdo final afecta a los 44 trabajadores de la plantilla despedidos e incluye también dietas y gastos de desplazamiento pendientes de liquidación por un importe total de 17.000 euros. Prensa Ibérica (editor de La Opinión) ha aceptado también revisar nuevas tablas salariales aplicables a atrasos; reconocer la antigüedad y las vacaciones, descansos y festivos pendientes de liquidación.



También se reconoce la consideración de trabajadores de la plantilla a las personas excedentes por cuidado de hijos, en aplicación de la Ley de Igualdad. Finalmente se admite también el pago de los periodos de sustitución de los jefes de departamento por parte de trabajadores de la plantilla en las áreas de redacción, preimpresión y monográficos.

 

Respecto a los corresponsales y los colaboradores del periódico, tanto Prensa Ibérica como la parte social (comité de empresa y SPA) hacen reconocimiento expreso del trabajo que han venido realizando durante los seis años de existencia del periódico y acuerdan tratar puntualmente el caso de cada uno de los afectados.

 

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la sociedad mercantil La Opinión de Granada SLU ha sido finalmente aprobado por la Junta de Andalucía tras la negociación entre las partes y después de que Prensa Ibérica hubiera aportado la documentación suficiente. Algo que no hizo cuando acordó la extinción de la actividad, lo que ha motivado que la inspección de trabajo le impusiera una sanción de 3.000 euros por cierre ilegal.

 

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