Una juez autorizó un registro detallado de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos móviles de un subdirector, Ricard Poy, y jefe de redacción, Toni Solanelles, del Diario de Andorra, intentar identificar las fuentes de información que se los habrían ‘filtrado’ varias noticias. Una juez autorizó un registro detallado de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos móviles de un subdirector, Ricard Poy, y jefe de redacción, Toni Solanelles, del Diario de Andorra, intentar identificar las fuentes de información que se los habrían ‘filtrado’ varias noticias.
Los autos ordenando el acceso a las llamadas a través del Servicio de telecomunicaciones nacional (STA) habrían sido dictados unilateralmente la juez Maria Àngels Moreno el mes pasado a instancias del Servicio de policía. Las medidas se argumentaban en indicios de un posible delito de revelación del secreto profesional parte de funcionarios públicos, pero la medida se tomó sin notificación, acusación, ni demanda de declaración previa a los periodistas afectados, y sin el conociento de la fiscalía, lo visto que las sospechas incluían a alguno de los miembros del ministerio público. El caso abierto fue, además, archivado la misma jueza.
El fiscal general, Robert Ampuy, presentó una protesta formal al Consejo Superior de la Justicia estas medidas, al considerar que han ido poniendo en entredicho la profesionalidad y la honorabilidad de los miembros de la institución sin ningún indicio claro que apuntara a la existencia de un topo en el seno de la fiscalía, y diferentes jueces habían mostrado también su malestar los casos.
Algunos de estos jueces, según fuentes judiciales, no compartían las decisiones que consideran sin ningún motivo objetivo, que los afectados no habían sido acusados, ni siquiera eran sospechosos, de ningún delito. Las intervenciones telefónicas no sólo habrían constituido una supuesta vulneración de los derechos constitucionales a la intidad y a la confidencialidad de las comunicaciones, sino a los derechos y deberes del secreto profesional periodístico, de la libertad de información y del derecho de la ciudadanía a estar informada.
El Diario de Andorra ha denunciado hoy el prer control telefónico que había conocido, el del redactor en jefe y en días sucesivos promete ampliar las informaciones al ritmo que las pueda obtener y verificar, además de publicar un editorial condenatorio de los hechos. Los dos periodistas y la editora han empezado también a preparar acciones en el mismo ámbito judicial contra el que parecería una grave vulneración de derechos fundamentales y constitucionales al país.
Una de las preras actuaciones de sus representantes legales ha sido pedir el listado de las terceras personas que hayan visto controladas sus comunicaciones, si quieren emprender también acciones supuesta vulneración de los respectivos derechos a la intidad y a la confidencialidad de las comunicaciones.
