LATAM (22/04/05) Los actos de violencia contra los periodistas se han incrementado en las Américas, dijo el relator para la libertad de expresión de la OEA indicando que el año pasado se registraron once asesinatos de comunicadores sociales relacionados con su trabajo periodístico.

LATAM (22/04/05) Los actos de violencia contra los periodistas se han incrementado en las Américas, dijo el  relator para la libertad de expresión de la OEA indicando que el año pasado se registraron once asesinatos de comunicadores sociales relacionados con su trabajo periodístico.

 

"El gran desafío para enfrentar los ataques a la libertad de expresión y de prensa es que la sociedad en su conjunto las asuma como derechos propios y fundamentales para su desarrollo y vida en democracia, y no como un derecho de unos pocos privilegiados", dijo el Eduardo Bertoni.

 

Bertoni, cuya oficina depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, consideró que las limitaciones a la libertad de expresión se dieron particularmente mediante leyes de desacato y difamación penal.

 

Los comentarios figuran en el informe 2004 de Bertoni presentado a la CIDH, en el cual menciona casos de restricción en varios países, entre los cuales figuran Venezuela  al cual dedica varias páginas, Colombia, México, Argentina y Perú.

 

Venezuela: Continuaron las amenazas y agresiones a comunicadores sociales que cubrían manifestaciones políticas y procesos electorales. También se repitieron los mensajes públicos desde las más altas esferas del Estado, particularmente del presidente Hugo Chávez, en contra de los medios de comunicación y que podrían ser malinterpretados por sus seguidores. La Relatoría reitera, tal como lo hizo en su informe del 2003, que, las percepciones del gobierno sobre la falta de imparcialidad y motivaciones políticas en la cobertura de algunos medios de comunicación, particularmente sobre acontecimientos políticos, no justifican, de ninguna manera, restricciones ni ataques a la libertad de expresión.

 

Colombia: Preocupan los reportes de distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la impunidad en los casos de asesinatos y amenazas a periodistas, así como reclamos por la lentitud de las investigaciones y las demoras en los procesos judiciales. La Relatoría hace un llamado a las autoridades colombianas para que se aumenten los esfuerzos para practicar investigaciones diligentes y eficaces que permitan identificar y sancionar a los responsables de estos hechos, y establecer con claridad los móviles en aquellos casos en los que aún no se tiene certeza sobre los mismos. El asesinato de comunicadores sociales genera un profundo efecto intimidatorio en una sociedad aún en los casos en los que se duda (y en estos casos por la duda misma) sobre la relación entre el crimen y su labor informativa.

 

México: Son particularmente preocupantes los reportes sobre asesinatos de periodistas, algunos como posibles represalias por sus coberturas sobre el crimen organizado. En estos casos, la Relatoría fue informada de que las autoridades federales habían asumido las pesquisas y ha valorado positivamente la condena de estos hechos desde las más altas esferas del gobierno.

 

Argentina: Preocupa que en algunas provincias los comunicadores sociales y la ciudadanía podrían enfrentar condiciones más difíciles para el pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en comparación con lo que ocurre en los grandes centros urbanos, especialmente en la capital argentina. Esto se hace evidente cuando se observa el mapa de casos reportados de posibles restricciones y presiones contrarias a la libre difusión de informaciones, amenazas y agresiones a comunicadores sociales así como presiones a periodistas para que revelen sus fuentes de información.

 

Perú: Durante el año 2004, y al igual que en años anteriores, hubo información sobre amenazas y agresiones a periodistas en el interior del país, particularmente en el marco de manifestaciones sociales o como consecuencia de denuncias por presuntas prácticas corruptas de funcionarios locales. En dos casos, los comunicadores sociales debieron salir de las regiones en las que trabajaban. La Relatoría también recibió reportes de dos casos de asesinatos que podrían estar relacionados con la actividad de los periodistas.

 

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