Los periodistas portugueses se han movilizado ante la decisión del juez Alfredo Costa de autorizar que sean abiertos y analizados los ordenadores confiscados el pasado 15 de febrero a periodistas locales.

Los periodistas portugueses se han movilizado ante la decisión del juez Alfredo Costa de autorizar que sean abiertos y analizados por la fiscalía y la policía los ordenadores confiscados el pasado 15 de febrero a periodistas locales.

 

Los afectados son Joaquim Eduardo Oliveira y Jorge Van Krieken, quienes son investigados para que revelen las fuentes de unas informaciones relacionadas con el proceso de pederastia en Casa Pia.

Entre otras iniciativas, los periodistas están firmando cartas dirigidas al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías de la Asamblea de la República, en la que señalan que el secuestro de las computadoras de dos periodistas que seguían el caso conocido como “Envelope9” y la decisión judicial de permitir investigar sus contenidos este 13 de marzo “constituye el más grave ataque contra el derecho al sigilo de las fuentes de información de los periodistas desde la instauración de la democracia en Portugal en abril de 1974”.

Se argumenta que de llevarse a cabo ese acceso indebido a los datos en el ordenador de un periodista, ya sea portugués o extranjero, se situará a Portugal en el nivel de las peores dictaduras, y habrá que lamentar que los periodistas no puedan garantizar la confidencialidad a los ciudadanos que faciliten informaciones.

“Perseguir las fuentes informativas de los periodistas es crear un clima de estado represivo y policial que no es propio de estados democráticos donde la libertad de información es indisociable de la propia democracia. Esta situación viola principios fundamentales de la libertad de prensa defendidos por todos los Estados de la Unión Europea”, agrega el escrito.

Al no estar en este caso en peligro el derecho a la vida o a la seguridad colectiva, violar el derecho al secreto profesional supondrá violar los derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos portugueses, afirman los periodistas en la carta, que solicitan por ello una revocación del permiso judicial para investigar los discos duros de los equipos informáticos confiscados.

 

AGENCIAS

 

 

 

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