María García Belda ha dimitido de su cargo en el departamento de Administración de Recoletos. Una de las cabezas del área económica-financiera fue despedida por altos cargos de la empresa en una pequeña reunión, para después anunciar su salida por correo electrónico. Nuestras fuentes en la compañía nos cuentan que se va aburrida por el maltrato sufrido y la falta de reconocimiento a la labor realizada en la empresa. García Belda es una de las implicadas en el "Caso Recoletos", en el que la sección de Delitos Económicos abrió Diligencias Previas contra ejecutivos de la empresa, por un presunto delito contra Hacienda. La ejecutiva fue imputada como testigo en la causa, pero se sobreseyó su imputación hace ocho meses.

El lunes 18 de junio, la secretaria del director Financiero Joaquín Güell, envío un correo electrónico a los peces gordos de Recoletos para que participaran en la despedida de  María García Belda, una reunión sencilla en torno a una copa de vino el miércoles 20 del mes pasado, según decía el citado mensaje. Entre los convocados, se encontraban Jaime Castellanos, presidente de la empresa, Ana Isabel Pereda, Alejandro Kindelán Jaquotot, Ignacio de la Rica, Jesús Martínez Vásquez, Luis Infante Bravo y Manuel Saucedo.

No obstante, detrás de esta pequeña reunión se esconde una nueva baja en Recoletos. Según nos han contado fuentes cercanas a la Administración de la empresa, María García Belda se cansó del trato dispensado por sus jefes, la falta de reconocimiento a su labor en la empresa y las continuas postergaciones que ha vivido su carrera en todos estos años. García Belda ha sido durante muchos años una de las cabezas del área económica y financiera, sin embargo a día de hoy no ocupaba ninguno de los cargos relevantes del departamento.

Pero García Belda no es una ejecutiva cualquiera. Es una de las imputadas por un presunto delito de falsedad a la Hacienda Pública, procedimiento abierto contra directivos de Recoletos y sus sociedades instrumentales.  En el caso destapado en exclusiva por PRNoticias en 2003, se encuentran implicados nombres ilustres como Jaime Castellanos, Alejandro Kindelán, Luis Infante Bravo, José María García-Hoz Rosales y Juan Kindelán Jaquotot, curiosamente, muchos de los invitados  a la despedida de la ejecutiva.

El procedimiento en cuestión fue abierto en junio de 2003 por la Fiscalía de Delitos Económicos por delito de falsedad contra la Hacienda Pública. El Fiscal acusa a Recoletos de realizar entre 1998 a 2000 desgloses de las retribuciones a varios de sus consejeros, de modo que sólo una parte figurara -y tributara- como rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas.

El resto, pese a que materialmente era el mismo tipo de retribución, se facturaba como servicios de asesoramiento prestados por empresas constituidas y gestionadas por los consejeros. De este modo, una parte importante de las retribuciones dinerarias percibidas por éstos tributaban a un tipo de gravamen distinto o inferior -en cuanto a pago de servicios profesionales a otras empresas-, al que les hubiese correspondido con rendimientos del trabajo personal, por lo que Recoletos dejaba de retener e ingresar a Hacienda la parte correspondiente a esa parte de las retribuciones de su personal directivo, en más de 210 millones de pesetas, de las cuáles, 62 millones correspondieron a 1998, 88 millones a 1999 y 59 millones en 2000.

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