El concurso de adjudicación de licencias de radio en Canarias continúa dando que hablar. El Secretario de Estado de Telecomunicaciones ha advertido que no existe espacio para ampliar en número de frecuencias y el 21 de junio la Fiscalía advertía de un presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de las licencias de radio. prnoticias ha hablado con Víctor Moreno, diputado del PP, que defiende la suspensión de forma cautelar el concurso y apunta que el proceso traerá aparejadas ‘indemnizaciones millonarias’.

Después de un año, el conflicto sobre el concurso de licencias de radio en Canarias continúa. En julio de 2011 el gobierno de las Islas anunció el nombre de las emisoras beneficiadas en el proceso. Muchas radios locales denunciaron el sistema de baremación y criticaron que radios con mucha solera en la zona se hubieran quedado sin frecuencia frente a emisoras musicales.

El Gobierno de Canarias se dirigió al Ministerio de Industria pidiendo que ampliara el número de frecuencias. No obstante, el Gobierno central ha dado por zanjado este tema. El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, Víctor Calvo-Sotelo, explicó el viernes que los informes técnicos que maneja Industria recogen que no caben más frecuencias en las Islas salvo en núcleos de población aislados, y que introducir más llevaría aparejado interferencias entre las señales, según ha afirmado Víctor Moreno, portavoz en materia de Comunicación del PP en el Parlamento canario y diputado por el mismo partido.

En cuanto al concurso la cosa está más complicada. El pasado 21 de junio la Fiscalía Anticorrupción denunció un presunto tráfico de influencias de la Mesa de Valoración del concurso. Según explica Víctor Moreno a pr la oferta se abrió en enero y en marzo se cambiaron los criterios de valoración. ‘Con lo cual cabe apreciar indicios de cierta manipulación por parte de la mesa de adjudicación para beneficiar a unos empresarios en detrimento de otros’, apunta.

Sobre qué pasará en el futuro, Moreno mantiene que a mediados de julio todos los miembros de la mesa están citados para declarar como imputados, pero que el futuro es una incógnita. Desde Partido Popular entienden que lo lógico sería que se suspendiera de forma cautelar el concurso, ‘porque las consecuencias que puede llevar aparejado que se declare nulo’ en el futuro pueden ser más graves. ‘En cualquier caso, se tome la decisión que se tome, esto va a llevar aparejado indemnizaciones millonarias, para las personas que han participado en este procedimiento, y que al final tendremos que pagar todos los canarios’ en unos momentos económicos muy duros, afirma.

Además, nos recuerda que en la anterior legislatura, en enero de 2011, hubo una proposición no de ley entre el PP y el PSOE en la que se acordó suspender este proceso porque ‘entendíamos que en aquel momento un gobierno en minoría de Coalición Canaria no debería continuar un concurso tan importante como este, en el que está en juego derechos tan importantes como el de la información y que va a determinar el panorama radiofónico durante los próximo 20 años. Pero Coalición Canaria decidió seguir adelante’, apunta. Ahora el PSOE forma parte del Gobierno y para el PP con su silencio es cómplice de un concurso que los populares consideran que ‘ha sido una chapuzo desde el principio’.

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