Bruselas ha dado marcha atrás en su intención de investigar la financiación pública de RTVE, las que en octubre de 2003 consideró incompatibles con el mercado común y contrarias a la libre competencia. Con esto además se da un carpetazo a las denuncias presentadas en 1992 y 1994 por Telecinco y Antena 3 en contra de las televisiones públicas.

Bruselas ha dado marcha atrás en su intención de investigar la financiación pública de TVE, las que en octubre de 2003 consideró incompatibles con el mercado común y contrarias a la libre competencia. Con esto además se da un carpetazo a las denuncias presentadas en 1992 y 1994 por Telecinco y Antena 3 en contra de las televisiones públicas.

 

Con esto, Bruselas excluye de forma expresa el recurso al endeudamiento -ronda ya los 7.000 millones- como fórmula de financiación de RTVE y deja claro que "la compensación pública debe limitarse al coste neto de la prestación del servicio público de radiodifusión".Esto último no supone un problema al tener la consideración de servicio público toda la programación.

El escrito de la Comisión, fechado el pasado 6 de diciembre, justifica su fallo en los compromisos adquiridos por el Gobierno español ante los responsables europeos de competencia "para suprimir todo elemento constitutivo de ayuda estatal y ajustar las actividades comerciales de RTVE a los principios de mercado".

 

Después de un cruce de notas y cartas entre el vicepresidente Económico, Pedro Solbes, y el anterior comisario de Competencia, Mario Monti, el ejecutivo español se comprometió a poner en marcha la contabilidad analítica en RTVE. El Gobierno garantiza a Bruselas que "el sistema de cuentas separadas establecerá que la compensación pública debe limitarse al coste neto de la prestación del servicio público de radiodifusión, tomando en consideración los ingresos comerciales", según la nota de la Comisión Europea. Además, "se introducirá un mecanismo legal cuyo objetivo será garantizar la proporcionalidad de la financiación pública".

El compromiso de regular las actividades comerciales de RTVE, asumido por el Gobierno, también se pospone hasta conocer el informe del comité de expertos. La comisión afirma que las directrices sobre esta cuestión "se harán públicas y su cumplimiento será supervisado por una autoridad externa e independiente", que tampoco se nombrará hasta que los sabios cierren su trabajo sobre la reforma de la televisión pública.

 

AGENCIAS

 

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