El Comité de Expertos que el Gobierno encargó una propuesta para reformar los medios públicos ha entregado sus conclusiones nueve meses después. El documento de 220 folios propone una reforma radical en la financiación del canal público. Pide al Estado asumir su deuda de 7.000 millones, prohíbe nuevos endeudamientos. Limita a un 40% los ingresos por publicidad y propone una subvención Estatal del 45-50%. También se propone que el Director General se seleccione mediante un concurso público y que La 2 no tenga publicidad, sino sólo patrocinios.

El Comité de Expertos que el Gobierno encargó una propuesta para reformar los medios públicos ha entregado sus conclusiones nueve meses después. El documento de 220 folios propone una reforma radical en la financiación del canal público. Pide al Estado asumir su deuda de 7.000 millones, prohíbe nuevos endeudamientos. Limita a un 40% los ingresos por publicidad y propone una subvención Estatal del 45-50%. También se propone que el Director General se seleccione mediante un concurso público y que La 2 no tenga publicidad, sino sólo patrocinios.

 

En el documento entregado este mediodía a la Vicepresidenta Primera de Gobierno María Teresa Fernández de la Vega también destaca la propuesta de nombrar al director general mediante convocatoria pública y previa aprobación de un consejo de administración profesionalizado que también se debería crear. Actualmente el Director General de RTVE es nombrado por el Gobierno de turno.

 

El nuevo Consejo de Administración que se propone estaría formado por ocho miembros, cuatro elegidos por el Parlamento, a propuesta de al menos la mitad de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos tercios; dos por el Consejo Audiovisual; y dos por las centrales sindicales mayoritarias. Su mandato se extendería por seis años (mandato superior al de una legislatura como refuerzo de su independencia) y sus miembros deberían ser profesionales de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual.  El director general sería elegido por el Consejo de Administración, por mayoría de dos tercios de sus miembros, tras convocatoria pública.

 

En el nuevo modelo de la radio y la televisión públicas existiría además un Consejo de Redacción que garantizaría la independencia informativa, y un Consejo Asesor que canalizaría la participación de la sociedad civil y el derecho de acceso de los grupos sociales significativos, tal como establece la Constitución Española. Cuatro miembros del consejo los elegirá el Parlamento a propuesta de al menos la mitad de los grupos y por mayoría de dos tercios; otros dos los elegirá el consejo audiovisual, y dos más los sindicatos mayoritarios.

 

En el ámbito económico, el Consejo propone el mantenimiento de los dos canales nacionales públicos. Esta posición se trasladaría al ámbito digital, con al menos un canal multifrecuencia asignado a la nueva televisión (con cuatro o cinco programas más).

 

Los expertos apoyan la creación de una nueva entidad jurídica pública con absoluta autonomía y estricto control, como holding ligero y ágil para liderar estratégicamente el grupo, desligada de la SEPI, bajo la cual se estructuran distintas sociedades en función de su actividad. El resultado sería un holding de empresas de comunicación de titularidad del Estado, para la difusión de televisión, radio, comercialización, servicios multimedia e interactivos.

 

Se crearían dos nuevas sociedades filiales además de las de difusión de Televisión y Radio: RTVE Comercialización y Publicidad que potencie la venta de programas y productos; y RTVE Digital y Multimedia para liderar la transición hacia el mundo digital.

 

Se propone también una reforma de los centros territoriales y emisoras con plantillas adecuadas y mayor descentralización. Se sugiere la posibilidad de establecer acuerdos o consorcios con radiotelevisiones públicas autonómicas para optimizar su funcionamiento. n los centros territoriales se unificarían las delegaciones de RNE y los actuales centros de TVE, lo que pondría fin a la actual duplicidad de redes territoriales, con el consiguiente ahorro.

 

El Informe parte de que la deuda histórica sea asumida por el Estado (7.500 millones de euros en la actualidad), según los compromisos previos del Gobierno. Se configura un nuevo modelo financiero estable y sostenible, con prohibición estricta de endeudamiento financiero. Se recomienda una estimación rigurosa del coste neto del servicio público en cada contrato-programa trianual, con un sistema de contabilidad analítica que garantice la transparencia financiera y el desglose del dinero público de los ingresos comerciales.

 

El consejo propone la aplicación en RTVE de un modelo financiero mixto con porcentajes indicativos para las fuentes financieras de acuerdo con la realidad europea y española: entre 10-15% para la venta de programas y productos, con un esfuerzo comercial, en torno al 40% para los ingresos publicitarios, y 45-50% para la aportación estatal.

 

Para compensar el efecto de la financiación pública sobre la competencia comercial y reforzar la programación de servicio público, la publicidad se reduciría progresivamente en cuatro años, para impedir que la presión comercial desnaturalice el servicio público muy por debajo de lo permitido a las cadenas comerciales pasando de los 12 minutos actuales a 9 minutos por hora como máximo y 10% del tiempo en TVE-1 y sólo patrocinio en TVE-2 y RNE.

 

No obstante, todas estas propuestas no generaron el total acuerdo de todos los "sabios". Como se venía comentado el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja expresó sus discrepancias en algunos puntos con un voto particular, mientras que el experto designado por Economía, Miguel Ángel Arnedo Orbaños, también ha manifestado su discrepancia.

 

 

PRNoticias/Agencias