Vuelve la polémica que generó el pasado mes de agosto la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de las licencias de Televisión Digital en la región donde Localia, entre otras, se quedaban fuera. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Gobierno regional y González aseguró que los “no adjudicatarios la acaten y la cumplan”.

Esta, junto a otras locales independientes como Tele k o Canal 33, solicitaron la suspensión del concurso porque, según estas no respondía a criterios de pluralidad informativa.

Sobre este asunto, el vicepresidente primero del Gobierno, Ignacio González, ha respondido esta mañana a las preguntas de los periodistas asegurando que espera que las televisiones que recurrieron el concurso de las adjudicaciones de las licencias de TDT respeten las resoluciones judiciales que se van dictando, asó como los derechos que las que sí obtuvieron licencia de emisión.

Sobre el auto que dictó el pasado día 9 la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se establece que la suspensión del concurso causaría “perjuicios difícilmente reparables a las empresas adjudicatarias” González ha afirmado que en el Gobierno regional “Acatamos y cumplimos, como no puede ser de otra manera, esta sentencia, y esperamos que, tanto los adjudicatarios como los no adjudicatarios, la acaten y la cumplan, también”

Textualmente, la resolución judicial señala que “respecto a la eventual decisión de cierre de sus emisoras, aparte de ser un hipotético acto futuro, es que, si se produjera, lógicamente, estaría íntimamente ligado a la efectividad de las adjudicaciones realizadas por la Orden impugnada”. Por todo ello, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda denegar las medidas provisionales solicitadas.

Además, González explicó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “desestimaba el fallo en los dos ámbitos: en primer lugar en cuanto a la suspensión o a la anulación del concurso, dándole la razón en este sentido a la Comunidad de Madrid, por entender que la anulación de ese concurso causaba un perjuicio a los adjudicatarios que tenían mejor derecho que los recurrentes”. “Y en segundo lugar –agregó- señalando que la suspensión o la emisión, es decir el hecho de que tuvieran que dejar de emitir, era una consecuencia derivada de las adjudicaciones que se habían realizado por parte del Gobierno”.

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