El pasado 12 de febrero entró en vigor la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Una Ley que pone en la cuerda floja a los trabajadores contratados de las empresas públicas, entre ellas las televisiones autonómicas. Estos empleados pueden ser despedidos con 20 días de indemnización solo con que la empresa alegue una mala situación económica, un requisito que prácticamente todas estas televisiones cumplen.

Los trabajadores contratados de las empresas públicas están en el punto de mira. La disposición adicional segunda de la reforma laboral añade una disposición adicional -la vigésima- al Texto Refundido del Estatuto de los trabajadores, una ampliación que cambia el régimen del personal laboral al servicio de empresas públicas. Antes de la reforma, su régimen laboral se asimilaba al de la función pública, es decir al de los funcionarios, por lo que su despido generaba altos costes administrativos y económicos para la empresa pública. Sin embargo, ahora esta disposición equipara a esta plantilla al régimen de las empresas privadas.

De esta manera, a partir de esta disposición los empleados contratados –es decir, todos los que no son funcionarios- que trabajan para empresas públicas podrán ser despedidos por motivos económicos, técnicos y organizativos con una indemnización por 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. En el caso de las televisiones autonómicas -la mayoría con pérdidas durante los últimos cinco años- existe un importante volumen de trabajadores contratados. Sólo en el caso de Canal Sur alcanza a la mitad de su plantilla, unos 1.600 trabajadores.

La norma indica que ‘El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas’.

Y añade que ‘se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público’.

Estas causas económicas se pueden encontrar perfectamente en la mayoría de las televisiones autonómicas que anualmente registran importantes pérdidas que son compensadas con mayores aportes de las administraciones públicas. De esta manera, esta normativa abre sin duda la puerta a los despidos en las empresas públicas, pero en especial en las televisiones autonómicas, en un momento en que el Estado pide grandes esfuerzos a las administraciones para reduzcan los gastos y adopten las nuevas normativas de estabilidad presupuestaria.

El PP es consciente de las televisiones autonómicas son un lastre para sus autonomías y por eso aprobó hace un mes una nueva ley para que las administraciones decidiesen libremente que tipo de gestión quieren para sus cadenas. Esto abría la puerta desde la externalizaciones de algunos programas hasta la gestión concesionada de la totalidad de la cadena a privados. El problema que con la crisis económica las autonómicas no son atractivas por su abultada deuda y su gran estructura, que duplican y hasta triplican a la de las cadenas privadas. Es por ello que una de las primeras tareas de las autonomías debería ser el reducir el peso de sus plantillas.

En cualquier caso ¿Cuántos empleos se podrían ver afectados con esta nueva normativa? En total, en estos momentos trabajan en las cadenas autonómicas españolas unos 11.000 trabajadores y se da la paradoja que sólo Canal Nou tiene más trabajadores que Telecinco, Cuatro, Antena 3 y la Sexta. Precisamente en el caso de Canal Nou alrededor de 900 personas son personal laboral fijo, cerca de 400 estarían contratados por obra y servicio y otros 400 tendrían contrato indefinido. La autonómica valenciana tiene en marcha un ERE del que todavía no dan cifras oficiales de recortes. Por otro lado, en Canal SUR, otra de las televisiones históricas, la plantilla estaría compuesta por alrededor de 1500 plazas de personal fijo, las restantes, hasta llegar a las 1600 personas que componen la plantilla serían otro tipo de contratos: por obra, interinos, temporales.

Seguiremos Informando...