El Gobierno ha definido cuatro objetivos con este nuevo proyecto: utilidad pública, profesionalizar las campañas, darles transparencia y velar por la lealtad institucional. Conoce el detalle de cada una de ellos.

La utilidad pública: la futura norma cierra el paso a las campañas que busquen ensalzar la labor del Gobierno, ampliando el número de receptores potenciales de las mismas al establecer el uso de diferentes lenguas del Estado español en las mismas y garantizar su accesibilidad a personas con discapacidad.

Profesionalizar las campañas: en lo que se refiere a planificación, ejecución y evaluación de las mismas para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

Transparencia de las campañas: se crean fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado. De esta manera se quiere evitar que todas las agencias tengan las mismas oportunidades.

Velar por la lealtad institucional: supone la prohibición de las campañas destinadas a denostar la actividad de otras administraciones en el uso legítimo de sus competencias.