Una vez medianamente ordenado el panorama audiovisual con la autorización del Plus, la TDT y el nuevo canal analógico, Montilla ha decidido ir a por el sector radiofónico. En una conferencia dada esta mañana el titular de Industria ha anunciado que el Gobierno quiere tener listo antes de fin de año un Plan Técnico de FM para reordenar el sector de la radio en Frecuencia Modulada tras el cambio en la normativa en la concesión de emisoras. El plan contempla la posibilidad de que se creen nuevas emisoras privadas, si bien deberá ser consensuado previamente con las Comunidades.

Según Montilla, mientras el anterior Plan ha permanecido vigente -fue aprobado en 1989-, "se han producido cambios normativos y de atribución de competencias para la concesión de emisoras y han aparecido nuevas frecuencias radioeléctricas", por lo que el Ministerio considera "aconsejable proceder a su incorporación como incremento de frecuencias disponibles en el Plan técnico nacional".

El Gobierno quiere contribuir a la 'pluralidad en los medios' tras el incremento de frecuencias, si bien asegura que respetará las competencias propias de las Comunidades Autónomas en la materia. Asimismo, el Ministerio quiere evitar "situaciones próximas a la saturación" y el riesgo de interferencias con otras emisoras en el caso de que no se respeten estrictamente las condiciones técnicas que deben cumplir las distintas concesiones. Sólo buenas intenciones…

La realidad es muy distinta en el panorama radioeléctrico nacional. Miles de emisoras pitaras en todo el territorio nacional y otras tantas que transmiten las señales de emisoras grandes sin una autorización oficial. Por el momento, el caos es tal, que cada uno emite por su cuenta, mientras que algunas Comunidades como Madrid, han optado por cerrar todas las frecuencias no autorizadas y sacar otras tantas a concurso.

La reforma de Montilla es necesaria, pero no debe olvidar que ordenar el espectro no es solamente hacer desaparecer radios locales o comunitarias, sino que también es ir contra los grandes conglomerados que llevan su señala a todo el país sin  la autorización correspondiente. Y esto sin olvidar que estamos hablando de competencias regulatorias de las Comunidades Autónomas.  Veremos que pasa, aunque nos espera un largo camino, quizás más empantanado que la reforma del sector audiovisual.

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